El Departamento de Estado plantea sanciones y restricciones contra el personal de la corte. Rubio acusa al organismo de interferir en decisiones de seguridad nacional estadounidense.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, presentó una nueva estrategia diplomática dirigida a reducir la influencia de la Corte Penal Internacional. Según explicó, el organismo constituye un riesgo para la soberanía del país al buscar procesar a militares y funcionarios estadounidenses vinculados con decisiones de defensa nacional.
Estados Unidos no reconoce al Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la corte, y en el pasado la administración de Trump ya había impuesto sanciones a funcionarios del organismo por investigaciones relacionadas con Afganistán y con Israel. Ahora, el plan busca ampliar esas medidas y sumar mayor presión internacional.
Entre las acciones previstas están la restricción de entrada a Estados Unidos para el personal de la CPI, el aumento de sanciones económicas y diplomáticas, y llamados directos a embajadores de países aliados para que se distancien del organismo. Rubio advirtió que también se vigilará de cerca a las naciones que dependen de la protección de seguridad estadounidense pero se niegan a cuestionar la autoridad de la corte.
