Por: Argonauta
La reciente escalada de violencia en las calles de la Ciudad de México perpetrada por integrantes de la CNTE no puede ser calificada de otra forma más que como un acto de vandalismo que transgrede los límites de la protesta social legítima. Derribar monumentos y secuestrar la movilidad de millones de ciudadanos no es una táctica de negociación, es una forma de extorsión pública que busca capitalizar la visibilidad internacional del país ante un evento de la magnitud del Mundial 2026 para doblegar al Estado. Cuando la defensa de derechos laborales se convierte en un pretexto para el caos y la destrucción de la infraestructura urbana, el movimiento pierde toda autoridad moral.
Es imperativo cuestionar la legitimidad de una lucha que, lejos de buscar una mejora sistémica para la educación nacional, parece anclada en privilegios que la realidad presupuestaria del país simplemente no puede sostener. Exigir incrementos salariales del 100% no es una petición política, es un despropósito económico que ignora la capacidad financiera del Estado. Esta postura, lejos de abrir puertas al diálogo, confirma una desconexión total con el bien común, priorizando demandas inalcanzables a costa del orden público, la economía de los capitalinos y la imagen de México frente al mundo.
El gobierno no debe ceder ante el chantaje ni normalizar estas prácticas. Si bien el derecho a la manifestación es un pilar de nuestra democracia, este termina donde comienzan los derechos de los demás y la integridad del patrimonio público. La CNTE debe entender que el Estado mexicano, aun siendo sensible a las necesidades del magisterio, no puede ser rehén de una minoría que utiliza la violencia como herramienta de presión. Es momento de que la ley prevalezca sobre la fuerza y que la disidencia magisterial regrese al cauce de la civilidad; de lo contrario, el movimiento corre el riesgo de ser recordado no por sus logros gremiales, sino por su profundo desprecio hacia la ciudad que los alberga.
