El Poder Judicial de Nuevo León señaló que dicho proceso depende sobre todo de la Fiscalía y de los representantes legales de los afectados.
Según la institución, factores como la localización de bienes, la solvencia del responsable y las pruebas aportadas determinan si existe una reparación efectiva, por lo que corresponde al Ministerio Público o a la asesoría jurídica de las víctimas buscar los mecanismos necesarios. El Poder Judicial reiteró que no investiga delitos ni decide cuándo se abre una carpeta de investigación, ya que su labor comienza al judicializarse un caso.
Los casos de fraude, entre ellos los relacionados con Creare Residences y otros esquemas de inversión en la entidad, suman afectaciones superiores a los 12 mil millones de pesos. El PJNL afirmó que la mayoría de los expedientes judicializados han tenido avances favorables, con órdenes de aprehensión, embargos e inmovilización de cuentas ya concedidas, en procesos que califica como de alta complejidad por el número de víctimas y audiencias celebradas.
