El exmandatario de Baja California enfrentará cargos por peculado y abuso de autoridad tras una audiencia judicial de 24 horas
Un juez de control vinculó a proceso este martes al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. La determinación judicial se dio tras una extensa audiencia de casi 24 horas, en la que se analizaron las irregularidades en la contratación de la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se concretó. A pesar de la gravedad de las imputaciones, el exfuncionario llevará su proceso legal en libertad, aunque se le impuso una garantía económica de 100 mil pesos como medida cautelar y se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
El núcleo de la acusación reside en un contrato multimillonario firmado durante la administración de Bonilla, el cual comprometía al Estado a realizar pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años, además de un desembolso inicial de mil 300 millones de pesos. Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, este acuerdo financiero utilizaba las participaciones federales de Baja California como garantía de pago, poniendo en riesgo las finanzas públicas por un proyecto de generación de energía que no contaba con los permisos federales necesarios para operar. La denuncia original fue presentada a principios de 2022 por la actual administración estatal y partidos de oposición, señalando un grave daño patrimonial al erario.
A su salida de los juzgados, Jaime Bonilla calificó el proceso como una persecución política orquestada por su sucesora, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, con quien ha mantenido una abierta confrontación pública. El exmandatario afirmó que la vinculación “no fue una sorpresa” y que se defenderá legalmente de lo que considera una represalia por sus posturas críticas hacia el gobierno estatal actual. Este caso representa uno de los procesos judiciales más significativos en la historia reciente de la entidad, no solo por la jerarquía del imputado, sino por la magnitud de los recursos públicos involucrados en un contrato que ha sido declarado nulo por las autoridades competentes.
