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Sheinbaum exige reciprocidad a Estados Unidos: revela que hay 269 solicitudes de extradición pendientes y ninguna ha sido concedida

La presidenta de México cuestiona la asimetría en la cooperación judicial bilateral, contrastando la rapidez con la que México procesa los envíos frente a la inacción de Washington

Durante su conferencia matutina de este martes 19 de mayo en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un enérgico reclamo al gobierno de los Estados Unidos exigiendo condiciones de igualdad y reciprocidad en materia de procuración de justicia. La mandataria reveló datos oficiales que exponen un severo rezago por parte de las autoridades norteamericanas, detallando que la administración mexicana ha formalizado un total de 269 peticiones de extradición de fugitivos y delincuentes que se encuentran en suelo estadounidense, sin que hasta la fecha se haya concedido ninguna de ellas.

El pronunciamiento de la jefa del Ejecutivo federal ocurre en un momento de notable efervescencia política, un día después de haber respaldado e inmovilizado cuentas de exfuncionarios sinaloenses que decidieron entregarse de manera voluntaria a la justicia estadounidense tras ser vinculados con la facción de “Los Chapitos”. Sheinbaum aprovechó el espacio para marcar una clara línea institucional, señalando que mientras el gobierno mexicano actúa con prontitud y estricto apego a los tratados bilaterales cuando Washington solicita la entrega de capos del narcotráfico o generadores de violencia, la respuesta del país vecino hacia los requerimientos de la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido nula.

“Exigimos respeto a la soberanía y reciprocidad”, sentenció la presidenta, enfatizando que la cooperación internacional en materia de seguridad no debe operar de manera unilateral. De acuerdo con fuentes de la cancillería mexicana, entre las más de doscientas solicitudes congeladas en los tribunales estadounidenses se encuentran perfiles acusados de desvío de recursos públicos, delincuencia organizada y homicidios cometidos en territorio nacional. Con este posicionamiento, el Gobierno de México presiona directamente al Departamento de Justicia de EE. UU. para reactivar los expedientes pendientes y equilibrar la balanza en la agenda judicial común.

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