El plan de sustituir un museo emblemático por canchas deportivas evidencia la corta visión de los gobiernos emanados de MC.
La reciente exigencia del gobernador Samuel García Sepúlveda para desalojar el Museo de Autos y del Transporte de Monterrey en el Parque Niños Héroes encendió las alarmas de la comunidad cultural. En una conferencia con tono de ultimátum, el mandatario amenazó con enviar a bodegas de decomiso del SAT los vehículos si no eran retirados a la brevedad, calificando a piezas históricas como “carros viejos tirados y enyoncados”. Su objetivo declarado es demoler o adaptar esos espacios para construir canchas de pádel, una decisión que antepone la moda deportiva sobre la memoria pública.
El desprecio hacia este recinto ignora que su colección no es “chatarra”, sino un registro invaluable de la identidad e ingeniería local. El museo resguarda piezas emblemáticas como el Borgward de 1969 —testigo de la época de ensamblaje automotriz en Escobedo—, antiguos camiones de bomberos que sirvieron a la zona industrial y vehículos clásicos que abarcan casi un siglo de historia. Desmantelar esta colección equivale a despojar a las familias regiomontanas de un espacio de aprendizaje sobre la vocación trabajadora e industrial del estado.
Esta acción no es un hecho aislado, sino parte de una constante en la gestión pública donde la cultura suele ser relegada o desplazada por proyectos de alto perfil mediático. Al sustituir un museo accesible y administrado históricamente con apoyo de la sociedad civil por canchas de un deporte asociado a sectores con mayor poder adquisitivo, la administración pública privatiza simbólicamente el uso de la infraestructura del Parque Niños Héroes, priorizando la rentabilidad y el entretenimiento efímero sobre la conservación patrimonial.
Gobernar Nuevo León exige comprender que la modernidad y el desarrollo económico no están peleados con el resguardo de la historia local. La amenaza de desalojo y la negativa al diálogo con los coleccionistas y promotores comunitarios dejan un precedente preocupante: cuando el patrimonio cultural se evalúa únicamente bajo criterios de inmediatez o capricho político, la memoria colectiva del estado corre el riesgo de ser borrada de un plumazo.
