Con la aprobación en 17 Congresos Locales, el Congreso de la Unión queda facultado para expedir una legislación única que homologue el tipo penal y las sanciones en todo el país
Este 23 de abril, la reforma al artículo 73 constitucional alcanzó el respaldo de 17 legislaturas estatales, logrando la mayoría necesaria para que el Congreso de la Unión expida una Ley General contra el Feminicidio. La iniciativa, presentada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy, busca unificar los criterios jurídicos en todo México para evitar que la disparidad de leyes locales genere espacios de impunidad. Con este avance, se garantiza que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio, sin importar la entidad donde ocurra el crimen.
La nueva normativa propone un marco legal sumamente riguroso, estableciendo penas que oscilan entre los 40 y 70 años de prisión y reconociendo nueve razones de género específicas, como los antecedentes de violencia y las relaciones de poder. Además, el proyecto contempla 21 agravantes cuando las víctimas son niñas, adolescentes, adultas mayores o personas con discapacidad. Un aspecto fundamental de esta ley es la imprescriptibilidad de las sanciones y de la reparación del daño, asegurando que el paso del tiempo no sea un obstáculo para la justicia.
Más allá del castigo penal, la ley introduce medidas civiles y sociales de gran calado, como la pérdida automática de la patria potestad, tutela y derechos sucesorios para los agresores. El plan también incluye la creación de fiscalías especializadas en todo el país y un registro nacional de menores en situación de orfandad por este delito para garantizar su protección integral. Finalmente, establece lineamientos para que las plataformas digitales eviten la revictimización, prohibiendo la difusión de contenido que dañe la dignidad de las víctimas o haga apología de la violencia de género.
