En un golpe judicial sin precedentes que sacude la estructura política del noroeste de México, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló este miércoles 29 de abril de 2026 una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado. La imputación, presentada ante la jueza federal Katherine Polk Failla, señala a los implicados por delitos de conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia los Estados Unidos, además de cargos graves relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
De acuerdo con el documento judicial, el gobernador Rubén Rocha Moya, de 76 años, encabeza una lista de acusados que enfrentan una posible pena de cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión. Entre los señalados destacan figuras de alto nivel como el senador y exsecretario general de gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. La justicia estadounidense también apunta a la cúpula de seguridad del estado, incluyendo a Dámaso Castro Zaavedra (subprocurador estatal), Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública), y los exjefes de la policía investigadora Marco Antonio Almanza Áviles y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, así como al exsubdirector de la policía estatal José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como “Tornado”. Todos ellos enfrentan los mismos cargos y penas potenciales que el mandatario estatal por su presunta labor de liderazgo y protección en la estructura de tráfico.
El fiscal estadounidense Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, sostuvieron que el Cártel de Sinaloa ha operado con una libertad inusual gracias a que estos funcionarios estaban “en su nómina”. La acusación es contundente al señalar que los implicados se alinearon específicamente con la facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Se alega que Rocha Moya fue electo gobernador con el respaldo operativo de esta organización, la cual habría recurrido al secuestro y la intimidación de rivales políticos para asegurar su victoria. A cambio, la administración estatal habría protegido a los líderes del cártel, filtrado información sensible de inteligencia militar y dirigido a elementos policiales para custodiar cargamentos de droga en tránsito.
El caso más grave descrito en el expediente involucra a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la policía municipal de Culiacán, quien enfrenta una cadena perpetua obligatoria. A diferencia del resto de los políticos, a Valenzuela Millán se le imputa directamente el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta en octubre de 2023. Este anuncio ocurre en un momento de alta tensión institucional en México, marcando un punto de quiebre en la relación bilateral en materia de seguridad y justicia, mientras el gobierno sinaloense se ve envuelto en la crisis legal más profunda de su historia moderna.
