La Secretaría de Cultura defiende la renta del Castillo de Chapultepec a la FIFA por 1.3 millones de pesos como diplomacia cultural, negando cualquier irregularidad legal.
El arrendamiento del Castillo de Chapultepec a la FIFA para una cena de gala durante la Copa del Mundo, con un pago de un millón 300 mil pesos al erario, derivó en una denuncia penal de investigadores del INAH ante la Fiscalía General de la República. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, salió a defender la operación al calificarla como un ejercicio de “diplomacia cultural” que colocó a México en el centro de la atención mundial durante el torneo, con la presencia de más de 200 representantes internacionales.
La funcionaria rechazó que la denuncia tenga sustento jurídico: “Ya lo hemos platicado, incluso el director de INAH ya platicó con muchos de ellos y no procede porque no hay ninguna violación a ninguna ley”, señaló, explicando que la FIFA cubrió derechos por el uso de un espacio patrimonial en el contexto de un evento de proyección internacional. Para la Secretaría de Cultura, la operación se encuadra dentro de las actividades propias de un país anfitrión de un torneo de esa magnitud.
La presidenta Sheinbaum fue más escueta pero igualmente definitoria: confirmó que la FGR tendrá que llevar a cabo la investigación que le corresponde, pero advirtió que la resolución llegará “administrativamente” por un camino distinto al penal. El posicionamiento del Ejecutivo federal da a entender que el gobierno no anticipa consecuencias legales derivadas del arrendamiento del Castillo.
