Un tribunal federal de Miami imputa formalmente al líder comunista por el derribo de las avionetas de “Hermanos al Rescate” en 1996 y conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses
El gobierno de los Estados Unidos dio un paso sin precedentes en la diplomacia internacional al presentar formalmente cargos penales contra el expresidente de Cuba y figura histórica de la revolución, Raúl Castro. La acusación formal fue radicada este miércoles ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida en Miami, marcando una agresiva escalada en la política exterior de la administración de Donald Trump hacia el régimen de la isla caribeña, la cual considera una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional.
De acuerdo con los registros judiciales de la fiscalía estadounidense, el caso penal se fundamenta en la presunta responsabilidad directa del exmandatario de 94 años en el derribo de dos aeronaves civiles operadas por la organización de exiliados cubanos “Hermanos al Rescate”, acontecido el 24 de febrero de 1996. En aquel episodio, aviones de combate de la Fuerza Aérea de Cuba derribaron los dos aviones que localizaban balseros en el Estrecho de Florida, provocando la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses. Los cargos imputados a Castro —quien en la fecha de los hechos se desempeñaba como Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias— incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves en el espacio aéreo internacional.
Esta maniobra jurídica sacude por completo el tablero político de la región y representa el nivel más álgido de fricción entre Washington y La Habana en décadas. La imputación del Departamento de Justicia ocurre de manera paralela a reportes que también vinculaban pesquisas federales por presunta conspiración de narcotráfico de Estado, y se da en un momento en que la isla padece una severa crisis social, marcada por apagones masivos y desabasto crónico de combustible. Si bien el proceso judicial posee una carga principalmente simbólica debido a la falta de un tratado de extradición activo y la avanzada edad del líder cubano, la Casa Blanca endurece de facto su cerco diplomático y económico global contra la cúpula militar que controla la economía de la isla.
