La reforma legal obliga a las instituciones públicas a brindar atención médica integral a este sector vulnerable, eliminando el requisito de presentar documentos oficiales
El pleno del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad una reforma constitucional y legal destinada a garantizar el derecho pleno a la salud para las personas en situación de calle en todo el país. Con esta modificación legislativa, las instituciones del sistema de salud pública quedan estrictamente obligadas a diseñar y ejecutar programas específicos de atención médica, psicológica y preventiva dirigidos a esta población, la cual históricamente ha enfrentado barreras de exclusión institucional y social.
El eje fundamental de la iniciativa aprobada radica en la eliminación de trabas burocráticas que impedían el acceso a los servicios médicos de urgencia y de seguimiento continuo. A partir de la entrada en vigor de este dictamen, ningún hospital o clínica pública podrá negar la consulta, el tratamiento o la hospitalización a una persona bajo el argumento de no contar con una identificación oficial, acta de nacimiento o comprobante de domicilio, documentos de los que suele carecer este sector de la sociedad.
Adicionalmente, la nueva ley contempla el despliegue de brigadas médicas móviles interinstitucionales que realizarán recorridos periódicos en las zonas urbanas de mayor concentración para detectar padecimientos de forma temprana. Los legisladores promovieron esta medida al reconocer que las condiciones de vulnerabilidad extrema en la vía pública aceleran el deterioro físico y mental. El dictamen fue enviado al Ejecutivo Federal para su posterior promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
