Está por aprobarse una nueva Ley de Movilidad Humana que borra las distinciones sociales para imponer un control digital y fiscal que no distingue entre la migración por necesidad o por privilegio.
Para el Estado mexicano, la etiqueta de “expat” no existe; existe el extranjero en situación de movilidad. La nueva Ley General de Movilidad Humana busca terminar con la zona gris en la que operan miles de ciudadanos estadounidenses, especialmente aquellos que han convertido a México en su oficina remota. Al unificar los criterios de estancia bajo un mando federal centralizado, la ley obligará a una regularización mucho más estricta de los “nómadas digitales”. Se acabó la era de las entradas y salidas constantes para renovar la forma migratoria de turista (FMM) como estrategia de residencia permanente de facto. Bajo este nuevo marco, quien genere ingresos o resida de forma extendida será empujado hacia la formalidad migratoria y, por ende, hacia el radar del SAT.
Un pilar de esta reforma es la creación de un Sistema Nacional de Registro de Movilidad, que integrará datos biométricos y registros de domicilio en tiempo real. Si bien la narrativa oficial se centra en la seguridad de los migrantes en tránsito, para el residente estadounidense esto significa una vigilancia institucional sin precedentes. La ley contempla mecanismos de “contribución social” para extranjeros de alto poder adquisitivo que residan en zonas de alta presión habitacional. Es decir, la legislación empieza a ver la gentrificación como un fenómeno de movilidad que debe ser regulado, lo que podría traducirse en tasas especiales o requisitos de inversión local más rigurosos para obtener la Residencia Permanente en destinos como San Miguel de Allende, la CDMX o la Riviera Maya.
Finalmente, el trasfondo de esta ley es la soberanía de datos y el control del territorio. Ante las políticas de deportación y vigilancia de la administración estadounidense, México responde con una ley que le permite saber exactamente quién entra y quién se queda, sin importar el grosor de su cartera. Al elevar los estándares de derechos, México también eleva las obligaciones de registro. Para el “expat”, el mensaje es claro: la hospitalidad mexicana ya no será un cheque en blanco basado en la derrama económica, sino un contrato de convivencia legal donde la invisibilidad burocrática dejará de ser una opción.
