Tras ser liberados, los integrantes de la misión humanitaria denuncian uso excesivo de la fuerza y condiciones de detención inhumanas
Tras la interceptación de la flotilla internacional que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, los activistas que fueron liberados y deportados por el gobierno de Israel han comenzado a alzar la voz, denunciando agresiones y tratos degradantes por parte de las fuerzas militares. Según los testimonios recabados, el abordaje en aguas internacionales no fue pacífico como aseguran las autoridades israelíes; los activistas reportaron el uso de gas lacrimógeno, granadas de aturdimiento y violencia física para someter a la tripulación. Además, señalaron que durante su traslado y estancia en centros de detención, se les privó de agua, alimento y atención médica adecuada.
Entre los testimonios más destacados se encuentra el de la activista mexicana que fue retenida durante el operativo, quien a través de sus representantes legales y colectivos de derechos humanos, relató que fueron víctimas de intimidación psicológica y confiscación de pertenencias personales, incluyendo equipos de comunicación y documentación. Estas acusaciones contradicen la versión oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que sostuvieron que el operativo se realizó conforme a protocolos internacionales y sin causar lesiones graves a los civiles a bordo.
La comunidad internacional y diversas organizaciones no gubernamentales han exigido una investigación independiente sobre los hechos ocurridos en alta mar. Los activistas recalcaron que su misión era puramente humanitaria y que las agresiones sufridas representan una violación flagrante a los tratados de derechos humanos. Mientras tanto, el gobierno de Israel mantiene su postura de que la flotilla intentaba violar un bloqueo legal de seguridad, y las denuncias de maltrato han reavivado la presión diplomática sobre el Estado hebreo por parte de los países cuyos ciudadanos fueron detenidos en el incidente.
