Ambientalistas buscan bloquear perforaciones en aguas profundas del Golfo de México ante riesgo de desastre
Diversas organizaciones ambientalistas presentaron este lunes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para frenar el proyecto “Kaskida”, una ambiciosa operación de perforación petrolera de British Petroleum (BP) en el Golfo de México. Los demandantes, representados por Earthjustice, sostienen que la probabilidad de un accidente de pérdida de control en este pozo es hasta siete veces mayor que en los estándares normales de la industria. La querella legal coincide simbólicamente con el 16.º aniversario de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, el peor desastre ecológico en la historia de los Estados Unidos ocurrido en 2010.
El proyecto Kaskida, valorado en 5 mil millones de dólares, contempla perforaciones a 10 kilómetros por debajo del lecho marino frente a las costas de Luisiana, una profundidad que supera la altura del Monte Everest. Según los grupos impugnadores —entre los que figuran Sierra Club y el Center for Biological Diversity—, la administración Trump aprobó el plan el mes pasado de manera “insultante e ilegal”, ignorando que la información técnica requerida está ausente o presenta fallas críticas. Advierten que BP no ha demostrado contar con el equipo certificado ni la experiencia necesaria para operar de forma segura bajo las condiciones extremas de este nuevo emplazamiento.
De seguir adelante, BP espera extraer cerca de 80 mil barriles diarios de crudo a partir de 2029; sin embargo, los activistas alertan que un derrame en estas aguas de alto riesgo podría liberar más de 4.5 millones de barriles, devastando nuevamente la biodiversidad y la economía local. Brettny Hardy, abogada principal del caso, afirmó que la aprobación del gobierno establece un estándar peligrosamente bajo para la industria extractiva en aguas públicas. Con esta batalla judicial, las organizaciones civiles buscan no solo proteger el ecosistema marino, sino también obligar al gobierno federal a priorizar la seguridad ambiental sobre los intereses de las grandes corporaciones energéticas.
