La exfuncionaria regiomontana deberá pagar 3.2 millones de pesos y queda inhabilitada para cargos públicos tras un fallo en favor del senador Waldo Fernández
Un juez federal dictó una sentencia condenatoria contra la exfuncionaria municipal Karina Barrón, al encontrarla responsable de los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones en perjuicio del senador Waldo Fernández. La resolución judicial establece que Barrón, junto a otros dos implicados identificados como Débora y Gustavo, deberá cubrir el pago de 3.2 millones de pesos por concepto de reparación del daño en un plazo de 18 meses. Además de la sanción económica, la exsecretaria de Desarrollo Humano de Monterrey quedó inhabilitada para ocupar cualquier cargo de elección popular hasta que se cumpla íntegramente con el proceso de reparación dictaminado por la autoridad.
Como parte de una salida alterna al proceso penal, la sentencia impone medidas correctivas de carácter público, obligando a los responsables a ofrecer disculpas públicas al legislador afectado. Asimismo, se les ordenó realizar y difundir una campaña de concientización en redes sociales, consistente en cinco spots diseñados para informar sobre las consecuencias legales de realizar denuncias falsas. Debido a este acuerdo, el proceso judicial permanecerá suspendido durante año y medio, periodo en el cual los sentenciados deberán demostrar el cumplimiento de todas las condiciones impuestas por el tribunal federal para evitar la reanudación del juicio.
Por su parte, el senador Waldo Fernández manifestó que el resultado de este litigio no representa una venganza personal, sino un acto de justicia para defender su integridad y la de su familia ante acusaciones que buscaban destruir su carrera política y reputación pública. El legislador anunció que, por decisión familiar, el monto íntegro de la reparación económica será donado a instituciones de beneficencia pública y causas sociales enfocadas en la atención a mujeres. Con este fallo, se cierra un capítulo de alta controversia política en Nuevo León, reafirmando el derecho a la verdad frente a estrategias de difamación y extorsión en el ámbito público.
