Instituciones públicas en seis estados ofrecen formación militarizada impulsadas por gobiernos locales como estrategia para alejar a jóvenes de la violencia.
En México existen al menos 25 escuelas con modelo militarizado, de las cuales siete son operadas directamente por gobiernos estatales en seis entidades del país. Estas instituciones públicas han sido impulsadas durante los últimos años por las autoridades locales como una estrategia para apartar a la población juvenil de la violencia que aqueja al territorio nacional.
Los gobiernos estatales que operan estas escuelas las han presentado como una alternativa educativa que combina la formación académica con disciplina militar, argumentando que esta metodología contribuye a la reducción de conductas delictivas entre los jóvenes. Sin embargo, la existencia de estas instituciones ha generado debate sobre la regulación y supervisión de las mismas en el ámbito educativo nacional.
El tema cobra mayor relevancia tras casos de controversia en instituciones con modelo militarizado, donde se han reportado irregularidades en la supervisión. La Secretaría de Educación Pública ha señalado que la educación militarizada no está autorizada por las normas educativas vigentes, lo que ha motivado que la dependencia federal inicie una revisión exhaustiva de estas escuelas para evaluar qué medidas correctivas serán necesarias implementar.
Según información disponible, estos planteles operan en contextos donde los gobiernos locales consideran que la disciplina militar es necesaria para contrarrestar la influencia de la delincuencia organizada en las comunidades escolares, aunque la falta de regulación federal ha permitido que proliferen sin supervisión clara de las autoridades educativas nacionales.
