Afectados de Proyectos 9 y otras firmas piden reparación real, no solo procesos abiertos.
Tras vender su negocio de fabricación de uniformes, Andrea decidió invertir 14 millones de pesos en Capital Tech, firma de Rogelio de los Santos, como respaldo para su retiro. La tranquilidad duró poco: en noviembre de 2024 un abogado de la compañía le comunicó que no había fondos para pagarle, y desde entonces sostiene una batalla legal marcada por presiones para aceptar apenas una fracción de su capital.
Casos similares se multiplican en la entidad, vinculados a desarrolladoras como Proyectos 9 y Creare Residences, y a firmas financieras como Tamayo Capital, Peak Investment, Trínitas y Préstamo Feliz. Mario González, afectado por Proyectos 9, lamentó que los procesos legales avancen sin traducirse en resultados tangibles para quienes perdieron su patrimonio, y exigió que las investigaciones determinen responsabilidades reales.
La vocera de los afectados por Proyectos 9, Liliana Leal, con más de 400 personas representadas, apuntó a la falta de una ley que proteja a los inversionistas y a una posible red de complicidad entre desarrolladores, notarios y funcionarios. Otras víctimas describen meses de incertidumbre que han afectado incluso su salud física y emocional, mientras esperan una solución definitiva.
