Gobierno de Nuevo León continúa utilizando perfiles oscuros y manchados por la corrupción.
La reciente designación de Ulises Carlín como encargado del despacho de la Tesorería del Estado de Nuevo León vuelve a poner en el centro del debate público la calidad de los perfiles que el gobierno estatal, liderado por Samuel García, coloca en posiciones clave. Carlín, actual consejero jurídico del Ejecutivo, fue elegido para dirigir la dependencia encargada de las finanzas estatales justo cuando concluye la administración de Carlos Garza, quien estuvo una década al frente de la Tesorería. Este relevo ocurre en un contexto político tenso y sin presupuesto aprobado aún para 2026, lo que demanda transparencia y confianza por parte de la ciudadanía.
Sin embargo, no se trata de un nombramiento sin polémica: Carlín ha estado ligado a acusaciones públicas significativas. Durante su búsqueda de un puesto como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue señalado por presuntas prácticas cuestionables, como no solicitar licencia para separarse de uno de sus cargos públicos y por estar implicado en una denuncia del Congreso de Nuevo León por presunta falsificación de documentos relacionados con una licencia electoral del gobernador Samuel García. Estas acusaciones, atendidas por fiscalías especializadas, deberían encender alertas sobre el perfil de quienes aspiran a liderar áreas sensibles del gobierno.
Lo preocupante es que este no es un caso aislado de decisiones cuestionables en el ejercicio del poder en el estado. En los últimos años, el Gobierno de Nuevo León ha enfrentado una profunda crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo, con disputas constantes por nombramientos, presupuestos y control institucional, lo que ha erosionado la confianza en la gestión pública. Que en este clima se premie con altos cargos a personajes envueltos en polémicas solo alimenta la percepción de opacidad y mal manejo del poder.
Por ello, es indispensable que la clase política y las instancias de control actúen con rigor, transparencia y responsabilidad. El proceso de ratificación en el Congreso local debe ser abierto y escrutado por la sociedad, y no convertirse en una simple validación de amistades políticas. Nuevo León merece servidores públicos que inspiren confianza y conduzcan los recursos públicos con integridad, no figuras vinculadas a controversias que ponen en entredicho su idoneidad. En tiempos de retos económicos y sociales, no se puede seguir apostando por personajes oscuros que exacerban la desconfianza ciudadana.
