Con 116 votos a favor, se modifica el artículo 127 constitucional para evitar que exfuncionarios reciban montos superiores al salario de la Presidencia
En una decisión histórica y por unanimidad, el Senado de la República aprobó este 11 de marzo una reforma constitucional que pone fin a las jubilaciones millonarias en el sector público. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca corregir la disparidad entre las pensiones promedio de los trabajadores (que rondan los 5 mil pesos) y las percepciones de exdirectivos de empresas como Pemex, CFE y Nacional Financiera (Nafin), quienes en algunos casos reciben más de 500 mil pesos mensuales.
La reforma al artículo 127 establece reglas claras para el uso de recursos públicos en el retiro:
Tope máximo: Ninguna pensión o jubilación de personal de confianza en organismos públicos, empresas del Estado o fideicomisos podrá superar la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Jerarquía salarial: Se ratifica que ningún servidor público puede ganar más que la Presidenta de la República.
Ahorro estimado: Con este ajuste a las denominadas “pensiones doradas”, el Gobierno Federal prevé un ahorro cercano a los 5 mil millones de pesos anuales.
Durante el debate, la oposición (PAN, PRI y MC) intentó introducir cambios técnicos, sugiriendo que el tope se midiera en Unidades de Medida y Actualización (UMAs) en lugar de salarios presidenciales, además de cuestionar el impacto en las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. Sin embargo, Morena y sus aliados mantuvieron el dictamen original, desechando las reservas y turnando el proyecto a la Cámara de Diputados para su ratificación definitiva.
