La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma que traslada la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, al determinar por mayoría que el Congreso local actuó dentro de sus atribuciones al aprobar los cambios legales en junio de 2022.
Con ocho votos a favor, el Pleno resolvió que no existe inconstitucionalidad en el decreto 196 impulsado por las bancadas del PRI y el PAN e impugnado por el gobernador Samuel García. El proyecto de resolución del ministro Arístides Guerrero concluyó que el Congreso sí tiene facultades para definir las atribuciones de una nueva Fiscalía encargada de investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, aclarando que este órgano no podrá congelar cuentas.
El traslado de la UIFE detonó una confrontación política en 2022, cuando PRI y PAN acusaron que la unidad, entonces adscrita a la Tesorería estatal, era utilizada como instrumento para presionar a actores de la oposición. El decreto aprobado por el Congreso fue mantenido sin publicarse durante meses por el Ejecutivo estatal, situación que se prolongó hasta febrero de 2024 cuando la propia SCJN ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Una vez que la reforma entró en vigor, el gobernador promovió una controversia constitucional, mientras que la bancada de Movimiento Ciudadano con diputados de Morena impulsó una acción de inconstitucionalidad.
«El Congreso local sí tiene facultades para precisar en una ley las facultades de una nueva Fiscalía para actuar en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos fiscales, ya que dicha actividad no constituye una función exclusivamente administrativa que afecte las facultades del Poder Ejecutivo local», se dictó en la sentencia.
Durante la sesión se precisó que el estudio de los apartados centrales del proyecto alcanzó la mayoría requerida, con algunas reservas manifestadas por integrantes del Pleno, lo que permitió dar validez definitiva a la reforma tras cuatro años de disputas legales.
