El gobierno de México afirmó que no ha incumplido el Tratado de Aguas de 1944, señalando que las entregas al Río Bravo se han realizado conforme a la disponibilidad real del recurso y sin comprometer el consumo humano ni la actividad agrícola. Pese a las acusaciones del entonces presidente estadounidense Donald Trump, México reiteró su respeto a los acuerdos internacionales y su disposición a cooperar sin afectar sus intereses nacionales.
Ambos países anunciaron un entendimiento para atender el déficit del ciclo anterior, surgido tras el cierre del periodo quinquenal en 2025, e iniciar un proceso técnico que permitirá definir un plan definitivo antes del 31 de enero de 2026. El acuerdo llega después de una escalada de tensiones en la que Estados Unidos amagó con imponer aranceles si México no aceleraba las entregas de agua previstas en el tratado.
Como parte del entendimiento actual, México liberará 249.163 millones de metros cúbicos de agua hacia Estados Unidos, con entregas programadas desde mediados de diciembre, volumen ligeramente superior al exigido por Trump. Ambas administraciones coincidieron en la importancia de mejorar la gestión oportuna del recurso y de mantener un mecanismo de cooperación binacional que permita cumplir obligaciones sin vulnerar la soberanía de ninguna de las partes.
