Aunque Javier Duarte estaba recluido desde 2017 por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, dos compañías pertenecientes al consorcio en el que posee acciones continuaron obteniendo contratos públicos. Este conglomerado, llamado Grupo Empresarial Pertenezco, está formado por casi 60 socios, entre ellos profesionales y empresarios veracruzanos, incluido Juan Miguel Bueno Ross, directivo de 3M y principal accionista. Mientras Duarte permanecía en prisión tras su extradición desde Guatemala, sus empresas seguían participando en procesos de contratación gubernamental.
En 2017, el año en que fue ingresado al Reclusorio Norte, dos firmas del consorcio ganaron licitaciones por más de ocho millones de pesos. Grupo Universal de Construcción obtuvo un contrato de alrededor de 7.7 millones para mantenimiento de caminos, mientras que Sociedad Editora Arroniz recibió dos adjudicaciones directas por casi un millón de pesos para servicios de publicidad oficial. Esta última fue propietaria del periódico El Mundo de Orizaba, que cerró en 2022 y mantiene adeudos fiscales con el gobierno de Veracruz.
La tendencia continuó en 2018, cuando Duarte ya cumplía formalmente su pena, y las mismas empresas fueron beneficiadas con más de 11 millones de pesos adicionales. Estos contratos se suman a una historia marcada por persecución judicial, fuga internacional y captura: Duarte había abandonado su cargo como gobernador en 2016, se convirtió en prófugo, fue detenido en Guatemala en 2017 y terminó condenado en México, aun así manteniendo ingresos derivados de su participación accionaria en el consorcio.
