La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció sanciones para 39 servidores públicos; los implicados de la Comisión Federal de Electricidad deberán pagar una multa solidaria de casi 1,200 millones de pesos.
En un golpe contundente contra la impunidad en la administración pública, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno notificó la aplicación de sanciones severas en contra de 39 servidores públicos adscritos a diversas dependencias federales. La resolución más severa recayó sobre tres excolaboradores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes fueron inhabilitados por un periodo de 20 años para ejercer cualquier cargo público debido a la comisión de infracciones catalogadas como graves. Los exfuncionarios sancionados han sido identificados como Roberto ‘V’ (de CFE Distribución), Alberto ‘M’ (del laboratorio de equipos y materiales) y José ‘Q’ (del área de suministro de servicios básicos).
De acuerdo con el expediente oficial respaldado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estas tres personas —en complicidad con un cuarto implicado adscrito a la dirección corporativa de operaciones de la CFE— fueron halladas responsables de un esquema fraudulento instrumentado en el año 2017. La trama consistió en la contratación irregular, adquisición e instalación de 82,000 optimizadores de tensión tecnológica, insumos que las auditorías demostraron que eran completamente innecesarios para la continuidad y optimización del suministro eléctrico nacional. A raíz de este daño patrimonial, el bloque de sancionados deberá cubrir una multa resarcitoria y solidaria que asciende a los 1,192 millones 500 mil pesos.
El paquete de sanciones emitido por la secretaría también alcanzó a mandos de otras instituciones del Estado. Entre ellos resalta Carlos ‘M’, exadministrador de la Región Golfo Centro del Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales (Indaabin, dependiente de la SHCP), quien recibió una inhabilitación de 8 años y una multa de 4.9 millones de pesos tras comprobarse que desvió dicha cantidad a sus cuentas personales y retuvo indebidamente un vehículo oficial en 2019. Asimismo, se determinaron suspensiones menores por faltas no graves, como la de Ernesto ‘A’ (vicepresidente en la CNBV) por omisiones administrativas en un acta de entrega-recepción en 2024, y la de Sergio ‘M’ (operador en Aeropuertos y Servicios Auxiliares), investigado por negligencia operativa tras provocar un derrame de más de 2,600 litros de combustible el año pasado.
