La alarmante interferencia de grupos armados pone en jaque las garantías democráticas de cara a los próximos comicios
El proceso electoral para definir al próximo presidente de Colombia se encuentra inmerso en un clima de extrema tensión debido al repunte de la violencia política y las constantes amenazas de muerte contra candidatos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión de Observación Electoral (MOE) han encendido las alarmas ante el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay y los recientes ataques sistemáticos a sedes de campaña. Los tres principales aspirantes presidenciales en la contienda, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, se han visto obligados a redoblar drásticamente sus esquemas de seguridad para continuar con sus actos públicos.
De acuerdo con diversos análisis de organismos de seguridad y misiones electorales, la principal amenaza proviene de la consolidación territorial y la expansión de grupos armados organizados y disidencias de las FARC. Estas estructuras delictivas utilizan mecanismos de intimidación directa, secuestros y extorsión para ejercer coacción sobre el electorado y controlar el voto libre, especialmente en las zonas rurales y periféricas del país. El mapa de riesgo electoral se ha expandido de manera crítica a pocos días de la jornada electoral, identificando más de 300 municipios bajo amenaza y colocando a departamentos como Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca en alerta extrema.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de Colombia ordenó el despliegue extraordinario de más de 408 mil efectivos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para resguardar los puestos de votación e intentar contener los planes de sabotaje. Mientras los partidos políticos de oposición exigen garantías inmediatas de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Fiscalía General, la comunidad internacional vigila con preocupación el desarrollo de los comicios. Expertos advierten que el impacto de la violencia ya está alterando las condiciones democráticas y que la prioridad de las autoridades debe centrarse en mitigar la gobernanza criminal para asegurar la legitimidad de las elecciones.
