La Fiscalía General de la República investiga a la gobernadora de Chihuahua por presunta violación a la soberanía nacional tras pactar un millonario apoyo en seguridad fronteriza
La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, se encuentra bajo investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El caso penal se centra en un polémico acuerdo de seguridad fronteriza bilateral que la mandataria estatal suscribió con autoridades del estado de Texas, Estados Unidos. Dicho convenio contemplaba el financiamiento y la entrega de tecnología de vigilancia avanzada por un monto aproximado de 200 millones de pesos, una acción que ha encendido las alarmas de las instituciones federales mexicanas.
El eje de la indagatoria ministerial radica en que la gobernadora chihuahuense prometió y presuntamente ejecutó la transferencia de aeronaves no tripuladas (drones) de alta tecnología y recursos financieros públicos al gobierno texano encabezado por Greg Abbott, bajo el argumento de cooperar en el control de los flujos migratorios y el combate al tráfico de sustancias ilícitas. No obstante, las leyes mexicanas estipulan de manera estricta que la política exterior, los tratados internacionales y la seguridad de las fronteras son facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Federal, por lo que el pacto estatal es señalado como una posible invasión de atribuciones y violación a la soberanía nacional.
La carpeta de investigación abierta por la FGR busca determinar si la transferencia de estos recursos públicos configuró delitos como desvío de fondos, ejercicio ilícito del servicio público o faltas graves a la Ley de Seguridad Nacional. Por su parte, la administración de Maru Campos ha defendido el convenio señalando que se trató de un esfuerzo de buena voluntad y coordinación regional para destrabar las inspecciones comerciales en los puentes internacionales, las cuales provocaron millonarias pérdidas económicas para la industria manufacturera de exportación en meses pasados. Se espera que en los próximos días la Fiscalía determine las acciones legales y cite a declarar a los funcionarios estatales involucrados en la firma del tratado.
