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Investiga FGR presunta red de lavado de dinero vinculada a Samuel García

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La trama involucra al despacho familiar del gobernador y desvíos por más de mil millones de pesos

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, como el presunto líder de una compleja estructura financiera diseñada para el lavado de dinero y el desvío de recursos públicos. De acuerdo con las indagatorias, el mandatario habría utilizado el despacho de su familia, Firma Jurídica y Fiscal S.C., como el centro de operaciones para captar recursos del erario estatal en beneficio de sus familiares directos, principalmente su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.

El esquema detectado opera a través de una red de triangulación que involucra a cuatro fuentes principales de la administración pública estatal. En el primer eje, empresas como Suministro MYR y JACE habrían transferido más de 203 millones de pesos al despacho familiar tras recibir contratos gubernamentales. En un segundo frente, la firma Txat Latam y Ferro & Méndez habrían servido de puente para inyectar otros 62 millones. La investigación también apunta al Instituto de Movilidad y Accesibilidad, que habría pagado cifras multimillonarias a constructoras que, a su vez, transfirieron cerca de 1,000 millones de pesos al despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C. en diversas exhibiciones.

Finalmente, se detectaron movimientos relacionados con proyectos estratégicos como el Acueducto El Cuchillo y el Sistema Integral para el Manejo Ecológico (Simeprode), los cuales habrían derivado en el pago de 77 millones de pesos adicionales a la firma de los García. Una vez que los fondos llegaban a las cuentas del despacho familiar, los recursos eran dispersados a la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V. y, posteriormente, enviados a jurisdicciones en el extranjero, como Estados Unidos, con el fin de ocultar su trazabilidad. La FGR mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades penales de los involucrados en esta presunta red de corrupción.

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