Por: Argonauta
Nos tocó la censura del gobierno de Nuevo León por denunciar sus prácticas factureras.
En días recientes, contenidos de nuestros portales que evidencian corrupción en el gobierno estatal han recibido denuncias por “infringir” derechos de autor. Una de las notas que intentaron censurar es sobre la Comercializadora Don Cacahuato, una empresa de desayunos y despensas que dio servicio al DIF de Nuevo León por 820 millones de pesos de los cuáles luego una empresa allegada Distribuidora Damago pagó 4.6 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados perteneciente a Samuel Orlando García Mascorro y a su hijo el Gobernador del Estado Samuel García.
En la era de la política de cristal, la censura ha mutado de la amenaza directa a ser u arma administrativa. El caso documentado del gobierno de Samuel García y el uso de la empresa Badabun para dar de baja contenidos críticos es un ejemplo magistral de esta evolución. Al utilizar el mecanismo de “Notificación y Retirada” contra periodistas que difundieron contenidos de interés público, no busca proteger la creatividad, sino silenciar a la crítica. Es la privatización del veto informativo: el uso de fondos públicos para contratar a un tercero que, bajo el escudo de los derechos de autor, borra del mapa digital cualquier momento incómodo para el poder.
Lo más cínico de esta triangulación es el flujo financiero que la alimenta. Cuando una administración estatal destina millones de pesos a agencias de contenido web, no solo compra publicidad, sino también un ejército de reclamaciones de copyright. Esta estrategia permite a los funcionarios mantener las manos “limpias”, delegando la supresión de contenido en una entidad privada que alega la propiedad de imágenes que, por su naturaleza, deberían ser de dominio público o estar protegidas por el derecho a la información. Es un uso abusivo de la ley que transforma un derecho civil en una herramienta de relaciones públicas coercitiva.
Al final del día, el concepto de “Uso Justo” (Fair Use) es lo único que nos separa de un internet totalmente domesticado por el poder político. El artículo 148 de la ley mexicana es claro al permitir fragmentos para crítica y noticias, pero el algoritmo no lee contextos, solo detecta coincidencias. Si permitimos que el derecho de autor sea el veto definitivo sobre el escrutinio público, corremos el riesgo de que la historia política de México sea escrita únicamente por quienes tienen el presupuesto para reclamar la autoría de sus propios errores. La democracia exige que los contenidos incómodos permanezcan en línea, sin importar cuánto afecten la ya de por si dañada reputación de Samuel.
