Entre la sospecha mediática y la ausencia de pruebas judiciales definitivas
La política de “abrazos, no balazos” alimentó constantes rumores sobre un pacto de no agresión con el CJNG liderado por “El Mencho”. Aunque el grupo criminal expandió su territorio significativamente, las pruebas directas que vinculen al expresidente con el capo son inexistentes en el ámbito judicial, basándose más en la interpretación conspiranóica por la inacción militar que en documentos concretos.
Pese a que López Obrador desmintió la captura del líder en 2020, su gobierno lanzó la “Operación Agave Azul”, bloqueando casi 2,000 cuentas bancarias del cártel. Este golpe financiero sugiere que la estrategia no fue de protección total, sino de asfixia económica para evitar los enfrentamientos armados a gran escala que caracterizaron a sexenios anteriores.
Investigaciones de medios como el New York Times y periodistas como Anabel Hernández se han centrado mayoritariamente en el Cártel de Sinaloa. Respecto al CJNG, las acusaciones suelen apuntar a niveles intermedios del gobierno; sin embargo, agencias como la DEA cerraron sus expedientes sobre el mandatario por falta de evidencias que se sostuvieran legalmente.
Para 2026, el debate sigue estancado entre quienes ven el crecimiento del CJNG como prueba de complicidad y quienes defienden un cambio de paradigma para evitar vacíos de poder violentos. Sin una “pistola humeante”, la relación entre ambos permanece como uno de los grandes enigmas políticos, dividida entre la sospecha y la falta de pruebas.
