El contrato de Next Energy fue una decisión de su administración que comprometió miles de millones de pesos de los regiomontanos a largo plazo. Lo firmó su gobierno, lo defendió su equipo y hoy intenta explicarlo con argumentos políticos, cuando en la práctica terminó siendo una apuesta financiera catastrófica para Monterrey.
Las cifras nunca han sido del todo claras. Se habló de ahorro, de energía limpia y de modernidad, pero la realidad es que el municipio quedó atado a un compromiso millonario sin beneficios visibles para la ciudadanía. Cuando un contrato genera más dudas que resultados, el problema no es de percepción, es de responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene nombre y apellido.
Es cierto que la administración de Luis Donaldo Colosio no actuó con la contundencia que muchos esperaban. No sancionar ni cancelar de raíz también fue un error. Pero el origen del problema está en quien decidió firmar. Gobernar implica medir riesgos, cuidar el dinero público y prever escenarios adversos. No se puede comprometer el futuro financiero de la ciudad y años después intentar deslindarse.
Al final, el que termina pagando es el ciudadano, no el alcalde que firmó ni el que no corrigió. Son recursos que dejan de invertirse en seguridad, servicios y obras. Monterrey merece claridad y soluciones, no discursos defensivos. Si Adrián de la Garza realmente quiere corregir el rumbo, debería impulsar la cancelación de un contrato que hasta ahora solo ha generado incertidumbre y costos para la gente.
