El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el fiscal general, Javier Flores, rechazaron acusaciones de tráfico de influencias en el conflicto por el control de Garage y Talleres. Arturo Cortez Garza, hijo del fundador, los señaló por ayudar a su hermano Roberto y su suegro a despojarlo de sus acciones, alegando control sobre la Fiscalía y el Poder Judicial local. De la Garza admitió una amistad pasada con el fundador y sus hijos, pero insistió en que ni él ni su hermano Filiberto están involucrados en el asunto familiar.
Flores reconoció que su despacho participó en el caso antes de su nombramiento como fiscal, pero se retiró de todos los asuntos al asumir el cargo el 18 de febrero de 2025. Aseguró que no hubo irregularidades, ya que las autoridades federales concedieron y confirmaron amparos, no las estatales. Además, mencionó que Arturo Cortez tiene derechos sobre acciones, pero no es socio de la empresa.
De la Garza pidió a Cortez Garza probar sus señalamientos y desconoció motivos para involucrarlo. Señaló que el problema es estrictamente familiar y que su hermano no actuó como abogado ni autorizó su despacho. Nueve días después del nombramiento de Flores, se judicializó una carpeta contra Cortez Garza, quien también afirmó que De la Garza le pidió reunirse con el hijo de Filiberto para un acuerdo.
