La renovada Corte, encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, marcó una nueva etapa con decisiones en derechos humanos, fiscalidad y protección de comunidades indígenas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió este martes su primer año de renovación con un balance de más de 2 mil 600 asuntos resueltos y 163 sesiones públicas. Durante este período, el máximo tribunal heredó más de mil 400 casos rezagados, de los cuales solo quedaban 56 pendientes a principios de septiembre, según informó su presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
Entre las decisiones de mayor impacto destaca la confirmación de créditos fiscales por más de 48 mil millones de pesos adeudados por empresas de Grupo Salinas, así como la revocación del amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco “N”, que permitió reactivar procesos por delincuencia organizada. La Corte también avaló facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas ante indicios de lavado de dinero y determinó que los delitos relacionados con el incendio de la Guardería ABC no prescriben por la gravedad de las violaciones a derechos humanos.
En materia de derechos, la Corte reafirmó protecciones en temas de reproducción, consentimiento informado y acceso a servicios de salud. Resolvió 56 asuntos relacionados con pueblos indígenas y afromexicanos, principalmente en consulta, materia agraria y medio ambiente. También ordenó garantizar suministro de agua en asentamientos irregulares y estableció medidas para evitar la revictimización de menores abusados.
A un año de su renovación, la nueva integración de la Suprema Corte ha buscado modificar su funcionamiento hacia una institución más abierta al diálogo con la sociedad. Sin embargo, persisten pendientes como la prisión preventiva oficiosa, tema que el presidente Aguilar Ortiz espera resolver antes de fin de año. El reto actual es consolidar estos criterios y extender este ritmo de resolución al resto del Poder Judicial.
